El TC acepta así las alegaciones del Ministerio Público y de los servicios jurídicos del Estado, que solicitaron que se confirmara en su totalidad el auto y la sentencia notificados el pasado fin de semana por la llamada 'sala del 61' del Tribunal Supremo (TS).

Para el Constitucional, la disolución y hasta la suspensión de ANV en razón de la sola circunstancia de que Batasuna pretendiera concurrir a las elecciones a través de ese partido "hubiera planteado quizás el problema de si cabría entenderla manifiestamente desproporcionada, aun cuando no pueda descartarse que, en unión de otras, pudiera llevar en su momento a esa última consecuencia".

"No habiéndose alcanzado el punto en el que la trama defraudatoria se confunda con la dirección formal del partido, la disolución de éste pudiera haber resultado desproporcionada", insiste el tribunal en una sentencia notificada a las 00:30 horas y de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Aragón.

La sala primera del Constitucional añade que, en cualquier caso, el que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado hayan entendido "impracticable" en este momento lo que llama "solución radical", no implica que no tuvieran, como han hecho, que impugnar las candidaturas que consideraran contaminadas. La resolución agrega que, de no haberse actuado así, se habrían producido "consecuencias de muy difícil reparación", ya que una eventual y futura ilegalización de ANV no afectaría al mandato de los representantes de esta formación que resultaran elegidos.

Hechas estas consideraciones, el Constitucional confirma la anulación de las 133 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca impugnadas al estimar que "la decisión anulatoria del Tribunal Supremo no puede tacharse (...) de contraria a los derechos fundamentales de los integrantes" de esas listas.

En la sentencia, el Constitucional también justifica el hecho de haber tramitado la demanda de ANV como amparo electoral y no, como pretendía el partido, como un recurso ordinario, y lo hace basándose en el escrito presentado por los propios abogados de esta formación política, en el que se pedía expresamente que sus candidaturas pudieran acudir a los comicios del próximo día 27.

En otra resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, el Constitucional confirmó la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la proclamación de la totalidad -227- de las candidaturas presentadas por las agrupaciones electorales de Abertzale Sozialistak (AS).

El Alto Tribunal dice que "la denominación proporcionada por miembros de Batasuna en comparecencias públicas incluía la marca común 'Abertzale Sozialistak'" por lo que "la adopción de esta marca común revela el propósito de contribuir activamente al designio fraudulento de los efectos de la ilegalización de los partidos políticos" por la sentencia que ilegalizó Batasuna.

El TC añade que "la valoración" de las declaraciones "efectuadas por significantes miembros de los partidos disueltos en las que se pone de manifiesto el protagonismo activo de dichos partidos en la promoción de las agrupaciones electorales no puede merecer tacha alguna de constitucionalidad".

Argumenta que "se trata de informaciones hechas públicas por los medios de información y que no han sido contradichas" por sus autores y añade que se han valorado en cuanto que efectuadas no por representantes de un sector político determinado -en este caso, la llamada izquierda 'abertzale'- sino por quienes expresan "con habitualidad" la opinión de los partidos declarados ilegales.


Fuentes: Agencias/ El Mundo

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Es hora de asumir responsabilidades

por Jesús Prieto

Cuando un Estado conjura a todos sus poderes para forzar una situación que sabe injusta, pero que interesa a sus propósitos, deja de ser un Estado democrático para convertirse en autoritario y, por lo tanto, susceptible de ser desobedecido e, incluso, combatido más allá de la lucha ideológica.

Pero el Estado no es un ente abstracto. Aquí tiene un gentilicio: el español; una jefatura: la del monarca borbónico; unos gestores: los del equipo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero; una oposición que se opone a la paz y a la razón: el Partido Popular; unos legisladores: los políticos del PSOE, del PP y de los partidos cómplices; unos exégetas de las leyes: los magistrados de los tribunales y sus fiscales de presa; unos garantes del sometimiento: los miembros de los cuerpos represivos; y unos colaboradores necesarios: los periodistas que desde Falsimedia argumentan intelectualmente lo injustificable.

Legislativa, ejecutiva, judicial y mediática: las cuatro cabezas de la Hidra maldita. Acabar con ella fue, precisamente, uno de los trabajos que Euristeo encomendó a Hércules. Según la mitología, el héroe segó sus cuellos con una hoz, pero las cabezas del monstruo se reprodujeron. Habrá, pues, que volverlo a intentar, esta vez acompañando la hoz de un buen martillo, pues sólo es cuestión de tiempo que ese par de herramientas derrote a la barbarie liberticida.

El presidente del Ejecutivo debería saber que no es inteligente poner diques al mar. Los vascos han visto caer a todos los que han intentado domeñarlos. Francisco Franco, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar y, ahora, José Luis Rodríguez Zapatero. Los políticos pasan y el pueblo queda. Y éste que pretenden someter tiene cantera suficiente para seguir peleando sine die, hasta la inevitable victoria final.