inSurGente (Iñaki Errazkin).- El criminal Augusto Pinochet, dictador militar que liderara el golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973, con el apoyo de la CIA, acabó con la democracia en Chile, ha muerto esta tarde a las 14:15 hora local (18:15 hora borbónica), a los 91 años, tras su más grave crisis de salud desde que en 1998 se retirara de la vida pública, después de verse obligado a renunciar a su cargo de senador vitalicio en el Parlamento chileno alegando demencia, para eludir el proceso por el caso Caravana de la Muerte, comitiva militar que asesinó a más de setenta demócratas en distintas ciudades de ese país americano. La muerte de Pinochet, como sucediera con la del general Franco, deja un agridulce sabor de boca, ya que ha muerto sin rendir cuentas de sus crímenes. Hagan clic en "Leer más" para recordar los hechos que rodearon la vida de este genocida y conocer los últimos acontecimientos. 

Hijo de Augusto Pinochet Vera y Avelina Ugarte Martínez, realizó sus estudios en su ciudad natal, primero en el Seminario San Rafael, luego en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y finalmente en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. Su ingreso a esta institución no le fue fácil, pues lo rechazaron dos veces; la primera por su corta edad y la segunda por no cumplir con los requisitos mínimos. A pesar de no tener antepasados militares, su vocación lo llevó a postular por tercera vez, siendo finalmente admitido e ingresando el 11 de marzo de 1933, a los 17 años.

El curso de su ascendente carrera tuvo diferentes destinos. Como alférez estuvo en Concepción, y recién ascendido al grado de capitán, fue destinado a Iquique por un período prolongado, durante el cual estuvo a cargo del campo de detención de Pisagua en la época de vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Viajó a Ecuador en una misión militar que tenía por objetivo organizar la Academia de Guerra de aquel país. Al volver a Chile, después de tres años de permanencia, Ecuador entregó al mayor Pinochet y los demás integrantes de la misión la condecoración Abdón Calderón.

Tras una destacada carrera en el arma de Infantería del Ejército, alcanzó el grado de general de Brigada y se desempeñó como comandante en jefe de la Sexta División. En 1970 fue promovido a general de División.

Tras el asesinato del comandante René Schneider por sectores vinculados a la CIA estadounidense, el general Carlos Prats fue designado al mando de la comandancia en jefe del Ejército. Con Carlos Prats, Pinochet llegaría a establecer una relación muy cercana. Prats le consideraba un soldado ciento por ciento, apolítico y profesional, por lo que fue uno de sus más cercanos colaboradores, siendo considerado por varios generales como el segundo de Prats.

La oposición al gobierno de la Unidad Popular, combinada con algunos desaciertos de éste, condujeron a una extrema polarización política de la sociedad, también dada por el auge del comunismo de la época, llegando a su punto culminante en 1973. Prats apoyaba la legalidad constitucional, y por lo tanto sostenía al gobierno de Salvador Allende. Pero esa opinión no era compartida por muchos militares, desarrollándose el 29 de junio el llamado «tanquetazo», protagonizado por el Regimiento Blindado N° 2, al mando del coronel Roberto Souper. Este intento de sublevación fue sofocado por Prats y sus generales más cercanos, Pickering, Sepúlveda y Pinochet.

El 21 de agosto una manifestación de esposas de generales se inició frente a la casa del general Prats, a la que llegaron también varios oficiales vestidos de civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado, y al deshacer la manifestación Carabineros, ésta se volvió a organizar. Llegaron al lugar Pinochet, Allende y sus ministros. Todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, Prats pidió, primero por intermedio de Pinochet, luego directamente, que los generales reafirmasen su lealtad hacia él; como sólo unos pocos lo hicieron, resolvió renunciar a la comandancia en jefe.

Para su sucesión, el comandante le recomendó al presidente a Pinochet, decisión que fue aceptada por Salvador Allende.

Para entonces, las medidas del gobierno de la Unidad Popular habían provocado la polarización del país en partidarios y opositores, siendo declarado el «grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República» por el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973.

El día 23, a las 17:00 horas, se congregaron Allende, Prats y Pinochet en el Palacio de la Moneda. Al finalizar la reunión, Pinochet fue nombrado comandante en jefe.

Para esa fecha, varios miembros de las Fuerzas Armadas preparaban un golpe de Estado. Los líderes del movimiento eran el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y el vicealmirante José Toribio Merino, este último amigo de la infancia de Pinochet. Además contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno de Richard Nixon.

El golpe tenía como base los planes de contrainsurgencia, para el caso de que una subversión sobrepasase a las fuerzas de orden (Carabineros). Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones, y para cada una se establecía un plan para actuar contra la posible insurgencia. Este plan sería la base prima para los golpistas, que sólo tuvieron que adaptarlo a las nuevas circunstancias.

El problema central en el momento era el Ejército, pues si bien la mayoría de los generales prestaban su apoyo, el tanquetazo demostró que era necesario el apoyo del comandante en jefe del ejército, y nadie sabía con certeza cuál era el pensamiento de Pinochet, pues jamás se le había visto inclinación política (excepto el tradicional anticomunismo).

El 7 de septiembre los generales fijaron la fecha del golpe el 11 de septiembre a las 6:30 en Valparaíso (8:30 en el resto del país).

Al día siguiente fue enviado el general Arellano para hablar con Pinochet, quien al enterarse de la situación manifestó su descontento con el Gobierno, mas no declaró su apoyo al golpe.

En la mañana del 9 de septiembre Allende se reunió con el comandante en jefe y otros generales. Allí les explicó que pretendía anunciar un plebiscito para salir de la situación.

Fue la última vez que se vieron los dos protagonistas del golpe. Ese mismo día, Pinochet se reunió con Leigh, el contralmirante Sergio Huidobro y el capitán de navío Ariel González para averiguar la posición del ejército. Finalmente, el en un principio vacilante Pinochet se sumó al complot.

El día 10 Pinochet mandó a su esposa y a sus hijos más pequeños a la Escuela de Alta Montaña, en Río Blanco, Los Andes, dirigida por uno de sus amigos.

Al día siguiente Pinochet llegó a las 7:40 al Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en el que se mantuvo durante el resto del golpe. Allí se organizaron las redes de comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Leigh, que se encontraba en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que fue el coordinador de todo el golpe.

Durante el acontecimiento, Pinochet, que se mantuvo en contacto por radio con Carvajal, se mostró autoritario. Tanto Leigh como Carvajal pretendían apresar a Allende, pero la intención de Pinochet era desterrarlo de inmediato. No aceptó retrasos ni dilaciones. Sin embargo, retrasó el bombardeo a la Moneda para sacar a las mujeres, en contra de lo que deseaba el general Leigh.

Tras horas de enfrentamientos y bombardeos, la Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por el Ejército. En el interior del palacio, Allende se suicidó con el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro.

A las 18:00 horas, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden se reunieron por primera vez en la Escuela Miltar para realizar el juramento que dio inicio a 17 años de régimen dictatorial militar.

Pinochet, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno (formada por él mismo en calidad de comandante en jefe del Ejército; el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; por el general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y por el director general de Carabineros César Mendoza) asumió el poder. A partir de órdenes dictadas a través de la cadena nacional de radio y televisión proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Pinochet fue nombrado presidente de la República por los demás integrantes de la Junta de Gobierno el 17 de diciembre de 1974.

A diferencia de la mayor parte de las naciones latinoamericanas, antes del golpe de Estado de 1973 Chile había tenido una larga tradición de civilidad democrática y apego al estado de Derecho. Las intervenciones militares en asuntos de política eran muy escasas (por ejemplo, el llamado «ruido de sables» de 1924), pero de todos modos existentes. Se podría decir que las Fuerzas Armadas, hasta esa fecha, actuaron con debida obediencia, y no fueron deliberantes.

La oposición al Gobierno se iba haciendo cada vez más notoria, y junto con la voluntad y apoyo financiero de Estados Unidos, se buscó en los militares una salida a los problemas causados por las políticas socio-económicas del gobierno de Allende, cuyo plan de Gobierno incluía medidas de redistribución de bienes y servicios, que no convenían a los intereses de dichos grupos, y que además lograron desabastecer al país. Allende había triunfado con el 36% de los votos frente al casi 35% del candidato de derecha Jorge Alessandri (aunque contaría con el apoyo para su elección de la Democracia Cristiana con el 28%, en su ratificación en el Congreso). La política económica del gobierno de Allende, que apuntaba hacia una planificación central, involucraba el traspaso a manos del Estado chileno de la propiedad de muchas compañías claves, especialmente las mineras, de capitales estadounidenses. La respuesta del gobierno de Pinochet fue promover el desarrollo de un mercado menos protegido, según sus propias palabras «para hacer a Chile no una nación de proletarios, sino una nación de empresarios».

La violencia del golpe continuó durante el gobierno de Pinochet, admirador del dictador español Francisco Franco (a cuyo entierro asistió en noviembre de 1975). Una vez que alcanzó el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron brutalmente perseguidos como «enemigos del Estado». Se introdujo como política de Estado la detención, tortura, asesinato, desaparición o exilio de quienes se hubiesen involucrado con el gobierno anterior, configurando el concepto de «terrorismo de Estado». La Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida también como Comisión Rettig) mencionó 2.095 muertos y 1.102 «detenidos desaparecidos». Se estimuló la xenofobia para evitar ayuda exterior a los movimientos subversivos. La tortura fue también una herramienta común usada para combatir a los no partidarios del nuevo gobierno, como queda consigando en el Informe Valech sobre Prisión Política y Tortura (2005). Cientos de miles de chilenos abandonaron el país para escapar del régimen. En 1994 todavía permanecían en el exterior sobre 700.000 personas según la Oficina Nacional del Retorno.

La policía secreta, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (1974-77), fue otra de las herramientas de la dictadura. Fueron asesinados el general Prats el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, agriando las relaciones con el presidente estadounidense Jimmy Carter. También se organizó la conocida como Operación Cóndor, un plan para la cooperación mutua entre organismos de espionaje de diferentes dictaduras militares de Latinoamérica, para de esta forma continuar persiguiendo y asesinando a exiliados en Argentina o Paraguay.

Paralelamente a la represión política, existieron profundas reformas económicas cuyo inicial éxito llevó a hablar de un «milagro económico chileno», eliminándose el grave problema de la hiperinflación. Para formular su política de estabilización económica, Pinochet confió en los llamados Chicago boys, economistas neoliberales con postgrados en la Universidad de Chicago, fuertemente influenciados por las políticas monetarias de Milton Friedman. Se aplicó el shock que consistía en reducir el gasto publico en un 20%, despedir al 30% de los empleados públicos, aumentar el IVA (impuesto a la transferencia comercial de bienes muebles y activos M1 y M2), privatizar la mayor parte de las empresas estatales (la mayoría a precios ínfimos) y liquidar los sistemas de ahorro y de préstamos de vivienda. Los efectos iniciales fueron terribles: cayó el PGB en un 12%, la tasa de desempleo creció hasta al 16% y el valor de las exportaciones se redujo en un 40%. Pero el sistema se empezó a afianzar a partir de 1977, iniciándose lo que se ha llamado el boom, con cifras positivas en todos los ámbitos. Uno de los indicadores más simbólicos, el precio del dólar, fue establecido a tasa de cambio fija, en 39 pesos, y se mantuvo estable hasta iniciada la década de 1980. Una excepción a esta bonanza fue la tasa de desempleo, siempre alta (alrededor del 20%) debido principalmente a los despidos masivos en las empresas privatizadas. Una de sus consecuencias fue un brusco deterioro social, las clases medias y bajas se empobrecieron tras un progresivo descenso de su poder adquisitivo, lo que provocaria una gran brecha en la disitribución del ingreso que se mantiene hasta el dia de hoy.

En 1977, la DINA fue disuelta y se creó la Central Nacional de Inteligencia (CNI), para reemplazarla en sus funciones. Su primer director fue el general Odlanier Mena. El actuar de la CNI como organismo represivo fue notoriamente menos violento, aún cuando agentes suyos figuran involucrados en casos emblemáticos, como el asesinato del líder sindical, y presidente de la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales), Tucapel Jiménez, en 1982.

En los años 1980, con el rápido deterioro de la economía (uno de los pilares del Régimen Militar), se sucedieron constantes protestas y manifestaciones organizadas por la oposición y movimientos laborales, provocando violentas contrarreacciones de las fuerzas de seguridad.

El 21 de octubre de 1980, tras un plebiscito realizado un mes antes, que fue apoyado por el 67% de la población (según cifras del Gobierno) se aprobó una nueva Constitución elaborada por una Comisión nombrada por la misma Junta de Gobierno. Éste plebiscito fue bastante cuestionado, tanto por sus opositores como por la comunidad internacional, bajo acusaciones de fraude electoral y violar principios básicos de cualquier elección democrática (voto libre, informado y secreto). Entre las disposiciones transitorias de la nueva carta fundamental, se estableció el período presidencial de Pinochet por ocho años, a partir del 11 de marzo del año siguiente.

En 1982 se produjo la mayor crisis económica desde los años 1930, consecuencia en parte de la recesión mundial de 1980 (de la cual Chile estaba desprotegido por su excesiva dependencia del mercado externo), el excesivo endeudamiento privado y la fijación del dólar a 39 pesos. Uno de los primeros síntomas fue la quiebra del sistema bancario y financiero nacional, que obligó al Gobierno a intervenir numerosos bancos. Simultáneamente, se tomó la decisión de devaluar el dólar, el cual, una semana más tarde, alcanzaba al doble de su valor.

Ante la llegada de la crisis, Pinochet abandonó las tesis de los Chicago Boys, regresando momentáneamente al keynesianismo. Sin embargo, pasada la parte más cruda de la crisis, volvió al sistema neoliberal con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Büchi en 1985, el cual, con reformas menos ortodoxas que sus predecesores, lograría revitalizar la economía. Esto es nombrado como el «segundo milagro de Chile».

Para conseguir la reactivación, Büchi tomó las siguientes medidas:

El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico que implantaron los Chicago Boys, pero de una forma mucho más controlada sin el dogmatismo que le imprimieron sus antecesores, y un crecimiento económico sorprendente que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de diez años.

El 11 de mayo de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) presidió la primera protesta nacional, y el 22 de agosto se organizó el primer frente de oposición multipartidista que englobaba a todo un arco político a excepción de los extremos, la Alianza Democrática.

En 1985 la oposición democrática adoptó el Acuerdo Nacional para la Transición de la Plena Democracia. En septiembre de 1986 Pinochet fue víctima de un frustrado intento de asesinato, el que fue adjudicado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ideológicamente ligado al proscrito Partido Comunista de Chile. Pinochet sólo sufrió heridas leves, pero fallecieron cinco guardaespaldas y cuatro resultaron gravemente heridos en el atentado. El paradero de los supuestos implicados en el acto es, hasta hoy, desconocido, aunque se presume que emigraron a Argentina como turistas.

En represalia, las fuerzas de seguridad asesinaron a 4 opositores esa misma madrugada. La respuesta del Gobierno concluyó con la llamada «operación Albania» (también conocida como la «matanza de Corpus Christi») en 1987, donde fueron asesinados 12 miembros del FPMR.

De acuerdo a las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, un plebiscito debía ser llevado a cabo en 1988 para aprobar o rechazar al candidato que el Régimen Militar propusiera al país.

Según el articulado transitorio de la Constitución, para este plebiscito no existiría control por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), organismo estatal independiente. De este modo, sería el mismo gobierno el que propondría un candidato, organizaría el plebiscito y controlaría los escrutinios. Por lo tanto, se hacía infructuoso cualquier intento de derrotar al candidato gubernamental. Sin embargo, contra todas las expectativas, el Tribunal Constitucional, en ese entonces afín a Pinochet, constató una contradicción entre el articulado transitorio, ya descrito, y el permanente, que sostiene que una elección presidencial debe ser controlada por el Tricel. El Tribunal consideró que el plebiscito era equivalente a una elección presidencial, por lo cual no regía la letra del articulado transitorio, sino que debía regirse por el permanente. Ésta fue la primera derrota de Pinochet, motivada por un cierto pudor democrático de algunos de sus partidarios, que resultó clave, años más tarde, al realizarse el plebiscito.

Pinochet fue oficialmente designado por la Junta Militar como candidato único a la Presidencia para el plebiscito que se llevaría a cabo el 5 de octubre de ese año, por el que se proponía su mantenimiento en el poder desde 1989 hasta diciembre de 1997, es decir, por un nuevo período de ocho años.

La apuesta de Pinochet se basó en un control total de los medios de comunicación y el temor de la población a manifestarse contra él. Gran parte de su propaganda consistió en amenazar con el regreso del comunismo y del desorden previo a la dictadura si el mismo Pinochet no vencía. Sin embargo una oposición sorprendentemente organizada en una sola gran coalición, la Concertación de Partidos por el NO, decidió actuar dentro del marco legal que la Constitución le otorgaba, y aprovechar al máximo, en forma muy inteligente, todos los espacios disponibles para la democratización, como, por ejemplo, los escasos minutos de televisión que le fueron concedidos (que se conoció como la franja). Cada noche millones de chilenos se agolpaban frente a la TV a ver con asombro que era posible hablar en contra del férreo régimen de Pinochet.

El 5 de octubre una extensa red de apoderados vigiló lo que sucedía en cada mesa de votación y los dirigentes opositores instalaron un completo sistema de conteo de votos paralelo al oficial. A tempranas horas de la tarde ya se sabía que Pinochet había sido derrotado pero ni el Gobierno de Chile, a través de su vocero, Alberto Cardemil, ni Televisión Nacional de Chile entregaron información alguna hasta la madrugada en que finalmente el General del Aire, Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar (poder legislativo), reconoció la derrota.

Los resultados oficiales de la consulta arrojaron un 52,2% de votos a favor de la opción No frente al 47% de la opción Sí. Durante el año, tras un acuerdo entre la Concertación y el Gobierno, se prebiscitaron reformas para democratizar la Constitución. Tiempo más tarde, se llamó a la primeras elecciones democráticas desde el golpe de Estado, el 14 de diciembre de 1989, en las que resultó elegido el demócratacristiano Patricio Aylwin al frente de una amplia coalición opositora, llamada Concertación de Partidos por la Democracia. Ese día se eligió también la totalidad del Parlamento, disuelto al comienzo de la dictadura.

Con la atención internacional centrada en el especial caso chileno de transición pacífica a la democracia, Pinochet entregó la presidencia de la nación a Aylwin el 11 de marzo de 1990, aunque siguió en el puesto de comandante en jefe del Ejército hasta marzo de 1998, fecha en la que pasó a retiro.

Según las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, Pinochet debería seguir ocho años más en el puesto de comandante en jefe del Ejército, en caso que perdiera el plebiscito.

Aylwin, a pesar de la opinión de muchos en contra, decidió abordar el tema de los Derechos Humanos, encargándole un informe sobre la situación a una comisión de personas cuya integridad no cupiera duda. La presidió Raúl Rettig, entejando el informe en febrero de 1991. El Informe Rettig, como se le llamó, detalló caso a caso 1.151 muertes, y 979 detenidos desaparecidos. El impacto del informe en la sociedad fue muy fuerte, lo que preparó el ambiente para el inicio de los juicios por estos crímenes.

Existía la Ley de Amnistía para todos los crímenes políticos cometidos antes de 1978, por lo que la Corte Suprema podía amnistiar inmediatamente a cualquier militar acusado de estos delitos, sin investigar. El presidente instó a la Corte Suprema a una nueva fórmula (la llamada «doctrina Aylwin») en la que debía investigarse primeros los hechos ocurridos, y después correspondía aplicar la amnistía. La Corte no lo hizo, por el momento, pero sí lo harían varios jueces y la Corte de Apelaciones.

La Corte Suprema marcó un precedente en 1992, por los casos de «detenidos desaparecidos». Se aplicaría en estos casos la figura del «secuestro permanente», delito que continúa en el tiempo y por lo tanto es inamnistiable, siendo la única causa para conceder el perdón la aparición de los cadáveres. Así, se empezó a tramitar juicios contra ex militares de la desaparecida DINA.

Entre todos los casos, el más emblemático fue el de Manuel Contreras, el antiguo director del organismo de Inteligencia, el cual estaba siendo procesado por el homicidio de Orlando Letelier en Washington, que la amnistía explícitamente no incluía. Se le condenó, junto a su segundo el ex brigadier general Pedro Espinoza, a 7 y 6 años de condena, respectivamente, en noviembre de 1993. Le correspondería al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle seguir el juicio de Contreras y su resistencia al arresto.

Además de los temas de los juicios, las relaciones ente el Gobierno y Pinochet serían tensas y difíciles. Para empezar, Pinochet tenía pésimas relaciones con el ministro de Defensa, Patricio Rojas, que en varias oportunidades lo instó a renunciar a su puesto de comandante en jefe. Evitando en lo posible establecer contacto con él, tocando los temas importantes directamente con el presidente, sin siquiera consultar al ministro de Defensa. Por otra parte, Pinochet se movilizaba bien en el Gobierno por medio de Enrique Correa Ríos, secretario general de Gobierno, a tal punto que Pinochet dijo que si lo hubiera conocido durante su mandato lo tendría en el mismo puesto donde estaba.

La antipatía entre Pinochet y Rojas trascendía el tema de la renuncia y eran también fuente de conflicto el ascenso de los generales, pues el Gobierno decidió tratar de sacar del Ejército a los individuos más involucrados con el régimen anterior. De esta forma se seleccionaba también a las cinco primeras antigüedades del ejército, entre las que se nombraría al sucesor de Pinochet.

Pero la crisis llegaría por otro lado, por el tema de los «pinocheques».

El año 1988, se realizó una transacción comercial entre la sociedad anónima P.S.P. (Proyectos Integrados de Producción) y el ejército por medio del CMI (Comando de Industria Militar e Ingeniería), que poseía antes el 49% de las acciones. La sociedad era productora de armas, pero hacia años que no estaba en funcionamiento, siendo virtualmente un empresa de papel. La transacción comercial consistió en la compra del 51% restante de las acciones de parte del Ejército, por un valor cercano a los tres millones de dólares. Se pagaron en cheques nominativos, a nombre de Augusto Pinochet Hiriart. El memorándum del Ejército decía que el 43% de las acciones correspondían a Pinochet Hiriart, el que negó los cargos, pues aseguró se había separado de la firma años atrás. Por estos motivos este suceso se conoció popularmente con el nombre de los «pinocheques».

Fotocopias de los cheques llegaron al Gobierno, pasando por las manos de Rojas, quien vio en éste escándalo una forma de provocar la renuncia de Pinochet. La noticia llegó a la prensa y estalló un escándalo a nivel nacional, exigiéndose la creación de una comisión investigadora en el Congreso.

El ministro se movilizó y se empezaron conversaciones sobre la posible renuncia de Pinochet. Ballerino, su interlocutor con Rojas, le propuso que éste renuncie en 1995, pero le pareció un plazo excesivo. En adelante las versiones discrepan, Ballerino le informó a Pinochet que en la reunión siguiente Rojas supuestamente le dio un ultimátum: 15 de abril de 1991 para su renuncia, a contestar en un plazo de 8 horas, lo que fue negado tajantemente por el ministro.

Sea cual fuere la verdad, Pinochet reaccionó acuartelando a todo el Ejército, bajo la excusa de realizar «ejercicios de seguridad, alistamiento y enlace», término nunca antes usado.

El Gobierno cedió y Rojas reiteró que nunca hubo ningún ultimátum. La Comisión investigadora, después de largos meses sólo llegó a conclusiones ambiguas, y declaró que no existe ninguna responsabilidad del comandante en jefe. Pero el caso de los Pinocheques aún no concluía.

La paralización del caso Pinocheques duró hasta 1993. Ese año, el Consejo de Defensa del Estado decidió emprender una denuncia contra los culpables de este delito (el Ejército perdió 3 millones de dólares al comprar acciones en una empresa de papel, por lo que se considera una estafa).

El presidente Frei partió de viaje a una gira internacional, dejando a cargo a Enrique Krauss, ministro del interior, como vicepresidente. La denuncia marchaba por buen camino, sin sobresaltos, hasta que en una de las ediciones del diario La Nación (de tendencia gobernista) publicó en primera plana la citación al juzgado de ocho oficiales.

Pinochet nuevamente reaccionó rápidamente, convocó a los generales al edificio de Defensa, todos vistiendo ropas de combate. Tropas del Ejército vigilaron el edificio y patrullaron la zona, usando en su traje una boina negra, por lo que el movimiento que vendría a ser conocido como el «boinazo».

Se entablaron rápidamente las conversaciones, Ballerino nuevamente por el Ejército y Krauss y Correa por el Gobierno. El Ejército solicitó el fin del desfile y el reemplazo de Rojas. El ambiente se enfrió y se puso fin al asunto.

El Gobierno cesó en sus funciones al subsecretario Marcos Sánchez, molesto para el oficialismo, pero no se obtuvo nada más. Los «pinocheques» seguirían congelados, hasta que Frei decidió terminar con el asunto instando al Consejo de Defensa del Estado a no proseguir el tema, aduciendo «razones de Estado».

Durante el gobierno de Frei se continuaron los juicios a los violadores a los derechos humanos. Pinochet, ya cercano a los ochenta años y con varias enfermedades, se mostraba menos duro con el desfile de sus ex colaboradores.

La Corte Suprema adoptó ahora como oficial la doctrina albín, y los procesamientos por el caso Degollados, y la «operación Albania» (ambos fuera de la amnistía) avanzaban rápidamente, y empezaron a aparecer los primeros culpables.

El gobierno construyó una cárcel especial para ellos, Punta Peuco. Sus primeros convictos fueron Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Pero Contreras no estaba dispuesto a entrar a la cárcel y se refugió durante dos meses en su parcela, con guardias privados protegiéndolos día y noche, hasta que finalmente, por medio de toda una maraña de artimañas para evitar la vejación de Contreras por sus opositores, que incluía un avión y dobles, se le encerró en octubre de 1995.

Mientras, Pinochet preparó su sucesión realizando conversaciones con el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, los que si se entendieron bien. Designaron a Ricardo Izurieta, militar totalmente profesional y sin relaciones con violaciones a los Derechos Humanos.

El 10 de marzo de 1998 el capitán general Pinochet hizo entrega del mando del Ejército a Ricardo Izurieta, finalizando así su época como militar.

Al día siguiente de entregar el mando se dirigió a Valparaíso, para ocupar su asiento de senador vitalicio. Este puesto le correspondía según la Constitución. Sus opositores, a pesar de que se llegó a un acuerdo según el cual el día anterior expresarían sus molestias, se manifestaron en contra de Pinochet cuando este hizo su juramento, colocándose máscaras de calavera y mostrando pancartas y fotos de los «detenidos desaparecidos», además de las manifestaciones en el exterior del Congreso. Al final se mantuvo al margen de la política activa y no se le vio mucho por el Congreso. Su acción más destacada durante su periodo parlamentario fue el acuerdo con el presidente de la Cámara Andrés Zaldívar para eliminar el día 11 de septiembre como feriado legal (Día de la Liberación Nacional), y reemplazarlo por el Día de la Unidad Nacional.

En septiembre de ese año, Pinochet viajó a Londres (Inglaterra) junto a su nieto, para realizarse una operación. Aparte de su enfermedad, Pinochet amaba los viajes, pero durante su gobierno no realizó ninguno más desde el «filipinazo» y Londres era para entonces su ciudad favorita.

El Ejército y el Gobierno lo advirtieron de que no fuera, pues existían demandas contra él en el extranjero, pero no les prestó atención, ya que poseía el fuero de senador de la República. El vuelo salió el 21 de septiembre llegando el día siguiente a Londres.

En España, el polémico juez Baltasar Garzón reclamó su detención para juzgarlo por las muertes de ciudadanos españoles ocurridas en Chile durante la Dictadura. Dictó una orden de detención contra el senador, resolución que hizo llegar a Inglaterra.

Para entonces, Pinochet se había internado en una clínica privada, la London Clinic, el 8 de octubre, para operarse de una hernia.

El día 16, estando en cama, fue informado de la aceptación del país al pedido de Garzón y su orden de arresto, determinado por el juez metropolitano de Londres, Nicholas Evans, todo en inglés, idioma que no entendía. La noticia se transmitió de inmediato a todo el mundo, produciéndose en el extranjero un repudio casi unánime a la figura de Pinochet, mientras que en Chile se presentaban opiniones encontradas.

El gobierno recibió la noticia como «un bochorno internacional para Chile», por lo que Frei, junto a sus sucesivos cancilleres José Miguel Insulza y (desde mayo de 1999) Juan Gabriel Valdés iniciaron acciones para lograr su extradición. Su argumento era que los crímenes del Régimen Militar se habían cometido en Chile, y por lo tanto correspondía a este país juzgarlo y a nadie más. Esta política no fue respaldada por todos los miembros de la Concertación, especialmente ciertos sectores del Partido Socialista y el PPD, que manifestaban su apoyo a la detención del dictador.

La defensa de Pinochet apeló a la decisión de arresto, pues se aducía que tenía inmunidad diplomática como ex presidente y senador, apelación que fue recibida por un primer Tribunal, que aceptó la inmunidad de Pinochet.

A su vez, esta resolución fue apelada, por lo que se recurrió a un Comité Judicial integrado por cinco miembros de la Cámara de los Lores, que invalidó en noviembre la inmunidad diplomática de Pinochet. Entre los pocas figuras destacadas que apoyaron a Pinochet destaca Margaret Thatcher, quien reveló que Pinochet había cooperado con Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas.

Sin embargo, la defensa del senador vitalicio descubrió que uno de los Lores era miembro de Amnistía internacional, por lo que habría tenido un obvio interés en que se juzgara a Pinochet. Por lo tanto, un nuevo Comité de Lores tuvo que anular la sentencia anterior y formar un tercer Comité.

Éste emitiría su fallo el 24 de marzo de 1999, reduciendo los cargos contra Pinochet, considerando fuera de inmunidad los actos cometidos después del 8 de diciembre de 1988. Sólo había un delito cometido después de esa fecha en demanda, relacionado con un joven al que se acusó de robo y que amaneció muerto en su celda. Pero pronto el ministro del interior Jack Straw logró reunir más casos, llegando a unos 60.

Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, Pinochet residía en un casa particular en Virginia Waters; mientras tanto, su salud se deterioraba cada vez más, ya que tenía diabetes e hipertensión, a lo que se sumaban microinfartos cerebrales.

Ésto empezó a preocupar a los dirigentes británicos y españoles. Si se seguía con el proceso, Pinochet podría morir en Gran Bretaña, cosa que no favorecía al gobierno laborista dirigido por Tony Blair, especialmente considerando la proximidad de las elecciones, y la incertidumbre de cómo el caso Pinochet las afectaría.

Los gobiernos buscaron otras soluciones, y una de ellas se presentó cuando la defensa del general argumentó razones de salud para eximirlo del juicio. El ministro del Interior británico Jack Straw, dictaminó el 22 de diciembre que se le realizaran exámenes médicos. Se sometió el 5 de enero a exámenes neurológicos y geriátricos, los que revelaron su deteriorado estado de salud.

Considerando el informe y la edad, Straw decidió liberar a Pinochet por razones humanitarias el 2 de marzo. Ese mismo día regresó a Chile, aterrizando el día 3 en Pudahuel, siendo recibido por el comandante en jefe Ricardo Izurieta. Ahí se levantó de su silla de ruedas, caminó triunfante y saludó con el bastón en alto a sus partidarios que fueron a recibirlo.

Pero ese no sería el fin de las querellas en su contra. Mientras estaba en Londres, en Chile se sumaban querellas en contra de Pinochet, por delitos como la «operación Caravana de la Muerte», siendo el encargado de recoger todas estas demandas el juez Juan Guzmán Tapia; asimismo, sus querellantes presentaban una solicitud de desafuero en su contra. Era el comienzo de los juicios de Pinochet en Chile.

De regreso a Chile, Pinochet se encontró con que el juez Guzmán había iniciado su proceso de desafuero, por considerar que existían suficientes pruebas en su contra para investigar su presunta responsabilidad en el secuestro de 18 personas, durante el viaje aéreo que realizó la una comitiva militar por el norte del país, dejando a su paso esta estela de crímenes, siendo conocida como la operación Caravana de la Muerte.

El 3 de mayo el pleno de la Corte de Apelaciones decidió proceder con su desafuero, por 13 votos contra 9, por lo que la defensa de Pinochet apeló ante la Corte Suprema, la que dictaminó por 14 votos contra 6 que el senador vitalicio había perdido su desafuero. La defensa de Pinochet intentó que se sobreseyera al general por razones médicas, de la misma forma que en el extranjero. Se decidió realizarle exámenes de salud, que revelaron que sufría de demencia vascular subcortical, siendo sobreseído en julio de 2002.

Después del veredicto, Pinochet renunció a su sillón senatorial, y se retiró a la vida privada, no volviendo a realizar apariciones públicas. Dos años después de estos sucesos, el 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento por demencia, y la Corte Suprema confirmó este fallo por 9 votos contra 8 el 26 de agosto, dejándolo en posición de ser juzgado por su eventual participación en la denominada «operación Cóndor». Sin embargo, al analizarse el fondo del asunto, el procesamiento dictado contra Pinochet fue dejado sin efecto el 7 de junio de 2005.

Con todo, el 6 de julio de 2005 la Corte de Santiago abrió la puerta a una nueva fuente de conflictos legales, al desaforar a Pinochet para posibilitar el juzgamiento de su responsabilidad en el caso «operación Colombo», por la desaparición de 15 opositores a su Régimen.

A estos problemas legales se le agregó el descubrimiento, por parte del Senado de los Estados Unidos, de cuentas secretas que Pinochet tuvo durante el proceso en Londres en el Banco Riggs, lo que vino a poner en tela de juicio el origen de su actual fortuna, ya que el Banco Riggs ha sido conocido por verse envuelto en problemas por lavado de dinero. Por estos motivos el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de Pinochet, por evasión tributaria, causa que está actualmente en manos del juez Sergio Muñoz. Esta situación ha provocado un alejamiento de sectores de la derecha chilena de la figura de Pinochet.

A principios de 2006, ésta investigación llevó a que se procesara como cómplices de delitos tributarios a su hijo, Marco Antonio Pinochet, y a su esposa, María Lucía Hiriart de Pinochet, lo que llevó a que Marco Antonio fuera sometido a prisión preventiva, en tanto que Hiriart tuvo que ser internada en el Hospital Militar.

Esto último fue considerado una estratagema para evitar la cárcel por muchos medios de comunicación, pero otros aseguran que realmente sufrió un ataque y tuvo que ser hospitalizada.

Tras la retirada de la inmunidad para establecer la responsabilidad de Pinochet en la matanza de opositores izquierdistas («operación Colombo»), el juez Víctor Montiglio ordenó una serie de exámenes psicológicos, neurológicos y psiquiátricos.

Según las conclusiones de seis peritos del Servicio Médico Legal que se encargaron de los exámenes, entregadas a las partes el 16 de noviembre de 2005, Pinochet estaría en condiciones psiquiátricas de afrontar un juicio. Aunque desde el punto de vista neurológico se mantiene el diagnóstico de demencia subcortical, éste hecho no le impide participar en un proceso. Según Hernán Quezada, abogado querellante, «hubo de parte de Pinochet una sobresimulación para tratar de hacer parecer más grave los síntomas de la enfermedad que él padece».

El 23 de noviembre de 2005 fue ordenado el procesamiento de Pinochet por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. La cifra ocultada al Fisco podría ascender a los 25 millones de dólares, en su mayoría procedentes del cobro de comisiones sobre las compras de armas realizadas en su dictadura. Al día siguiente, el ministro Montiglio dictó el procesamiento de Pinochet por tres delitos de secuestro calificado en el marco de la «operación Colombo».

El 20 de enero de 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó por 13 votos contra 5. Este desafuero es el cuarto que se dicta contra él, pero el primero que recibe por torturas a las víctimas de la dictadura.

El 25 de octubre de 2006 los diarios El Mercurio y La Nación revelaron que Augusto Pinochet mantendría ocultos en un banco de Hong Kong unos 9.500 kilos de oro en lingotes, valorados de forma preliminar en unos 160 millones de dólares. Fue el comerciante de oro Al H. Landry el que envió los documentos, que les fueron entregados un tal Ken Shari, del que solo tuvo contacto por mail, informando después la existencia de estos a Chile, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el banco HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking), presunto depositario de los fondos, emitió un comunicado indicando que los documentos que pretenden acreditar esos fondos en dicha entidad «son falsos». La entidad alemana Schell Security gmbH comprobó que existe un depósito por el importe indicado, pero vinculado a un número, no un apellido. La defensa del General en retiro ha argumentado que toda esta polémica es una farsa y un intento de difamación realizada por el gobierno de Michelle Bachelet para desviar la atención del país tras el descubrimiento de una serie de irregularidades en Chiledeportes.

La justicia chilena dispuso el envío de exhortos dirigidos tanto a las autoridades de Hong Kong como de Alemania para solicitar información sobre los supuestos lingotes. Tras haber avalado los documentos como procedentes de “fuentes fidedignas”, el canciller debió retractarse el viernes 26, diciendo que nunca avalo la denuncia, y que los antecedentes y credibilidad de quienes los enviaron nadie había verificado.


Su muerte

Augusto Pinochet falleció a los 91 años, hoy domingo 10 de diciembre de 2006 -que un dictador genocida muera el Día Internacional de los Derechos Humanos, es, sin duda una ironía del destino- a las 14:15 horas, en el Hospital Militar de Santiago, a causa de una complicación cardíaca. El ex dictador sufría de innumerables enfermedades que afectaban a su salud. Su delicado estado de salud fue blanco de críticas por considerar que se trataba de una estrategia para evadir la justicia, según el periodista chileno Alejandro Guillier. Murió junto a sus familiares tras permanecer una semana internado en el recinto hospitalario, el mismo día en que su esposa Lucía Hiriart cumplía 84 años de edad.

En un informe médico del día que murió en el Hospital Militar de Santiago de Chile, la salud de Pinochet parecía estable y presentaba una mejora, por lo que se mantiene en duda la causa de su muerte.

El domingo 3 de diciembre, Pinochet había experimentado un infarto al miocardio y un edema pulmonar que obligó su traslado urgente al Hospital Militar donde se le realizó una angioplastía y se trató la falla respiratoria.

Fuente: Wikipedia



Recuento del día en que murió el genocida

Prensa Latina/ inSurGente.- El que fuera dictador de Chile, Augusto Pinochet, fallecido hoy -Día Internacional de los Derechos Humanos- a las 14:15 horas, había sufrido 45 minutos antes una descompensación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar.

Al conocerse su muerte, se movilizaron miles de chilenos, hombres y mujeres, para celebrar y para exigirle al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que no le rinda honores de Estado.


A continuación, una cronología (hora local) de los hechos más importantes desde la muerte de Pinochet:

- 15:19 Organizaciones sociales se comenzaron a congregar en la Plaza de la Constitución frente al monumento a Salvador Allende.

- 15:20 Seguidores de Pinochet se reúnen frente al Hospital Militar y gritan consignas a favor de que se declare duelo nacional.

- 15:22 Vehículos circulan por la Alameda Bernardo O Higgins, celebrando, mientras autobuses y automóviles tocan bocinas.

- 15:28 Comienzan a juntarse manifestantes en la Plaza Italia.

- 15:43 El Palacio de la Moneda es resguardado con un cordón de seguridad.

- 15:50 Comienzan a formularse declaraciones a favor y en contra de los honores que debe recibir Pinochet.

- 16:00 El ministro del Interior, Belisario Velasco, llega a la casa de la Presidenta.

- 16:07 Alrededor del Hospital Militar, "pinochetistas" corean: "No fue condenado, honores de Estado".

- 16:10 El ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, llega a la residencia de la Presidenta.

- 16:12 El comandante general del Ejército, general Óscar Izurieta, llegó a la casa de Bachelet.

- 16:25 La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, llegó a la casa de la Presidenta.

- 17:15 El tránsito en la Plaza Italia está absolutamente cortado.

- 17:19 El general Óscar Izurieta abandona la casa de la Presidenta rumbo al Hospital Militar.

- 17:30 Portavoces de Pinochet anuncian que sus restos serán trasladados a la Escuela Militar.

- 18:00 Se anuncia un pronunciamiento del Gobierno en los próximos minutos.



Violentos incidentes entre Carabineros y manifestantes en Chile

Prensa Latina.- El Cuerpo de Carabineros empleó hoy carros lanzaguas y gases lacrimógenos para dispersar a miles de manifestantes que rechazan cualquier homenaje oficial al ex dictador Augusto Pinochet, quien falleció esta tarde a los 91 años.

Los violentos incidentes tuvieron lugar frente al palacio de La Moneda, que -ante el avance de la multitud- cerró sus dos accesos principales.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile, quien marchó junto a miles de chilenos hacia el palacio gubernamental, dijo a Prensa Latina que supo de varios heridos y detenidos.

Agregó que la orden de reprimir provino del Ministro del Interior, por lo que "parece -dijo- que el espíritu de Pinochet se ha instalado en La Moneda".

Juan Andrés Lagos, también dirigente del PCCh, en un balance de la jornada, destacó la magnitud de la manifestación, que no sólo era de rechazo a Pinochet sino de homenaje a Salvador Allende.

Lo que no me explico -dijo a Prensa Latina- es el motivo de la represión brutal empleada contra manifestantes que veníamos a rendir homenaje al monumento a Allende, que está frente a La Moneda.

Los enfrentamientos entre jóvenes y Carabineros, al caer la tarde, se centraban frente a la casa central de la Universidad de Chile, a dos cuadras de La Moneda, aunque también en otros puntos de Santiago.

El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez dijo a Prensa Latina que, con la muerte e Pinochet, se crea una nueva situación jurídica, por lo que ahora serán enjuiciados sus herederos políticos.

En ese sentido, anunció que abrirá querellas contra los ex ministros del Interior de Pinochet, Sergio Onofre Jarpa y Sergio Fernández, responsables de graves actos de represión.

Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, recordó que Pinochet "se va con 1.127 desaparecidos y 3.000 ejecutados".


Con incidentes anocheció en Santiago y otras ciudades chilenas

Prensa Latina.- Violentos incidentes continuaban esta noche, pasadas las 22:00 hora local, en distintos puntos de la capital chilena, así como en otras ciudades, según confirmaron fuentes independientes.

En varias esquinas de la Alameda Bernardo O Higgins seguían esta noche choques entre grupos que celebraron la muerte hoy del ex dictador Augusto Pinochet y fuerzas especiales de Carabineros, pese a un llamado a la calma del subsecretario del Interior, Felipe Harboe.

El funcionario dijo que "necesitamos la cooperación ciudadana para resguardar la seguridad pública".

La policía dispersó con gases lacrimógenos y carros lanzaguas una masiva manifestación que se dirigía esta tarde hacia un monumento al Presidente Salvador Allende, frente al palacio de La Moneda.

Luego, en distintos puntos tanto de Santiago como en Valparaíso, Concepción y otras ciudades chilenas, hubo protestas populares y también enfrentamientos con la policía.

Dirigentes de organizaciones sociales denunciaron los excesos de Carabineros y dijeron que había varios heridos y detenidos.

El objetivo de la manifestación, señalaron a Prensa Latina, era impedir que el gobierno rinda honores de Estado a Pinochet, como reclaman sus familiares y seguidores.

Sobre las 19:00, el gobierno informó que no habrá Duelo Nacional, pero sí honores militares, a cargo de las fuerzas armadas. Se espera la presencia en esas exequias de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot.

Mientras tanto, pinochetistas lamentaron el fallecimiento de su líder y encendieron velas frente a la Escuela Militar, donde serán velados durante todo el día los restos de Pinochet -que serán cremados el martes.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Goic dijo que "cremar los restos de Pinochet es lo más sensato porque, si lo sepultan de la manera tradicional, será un centro de manifestaciones para denigrar su memoria".

Varios dirigentes políticos valoraron las dimensiones de la marcha y manifestación populares, denunciaron la represión policial y lamentaron que Pinochet haya muerto sin antes enfrentar a la justicia por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

El dirigente socialista Ricardo Solari dijo que su muerte sigue dividiendo al país, de la misma forma como la dictadura fragmentó a la sociedad chilena.

El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami lamentó que el país "no haya sido capaz, en 16 años de democracia, de condenar a Pinochet por la serie de delitos cometidos por violación de derechos humanos y malversación de fondos públicos".

El abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, por su parte, señaló que la muerte del ex dictador pesará en la conciencia de los jueces por no haberlo condenado.


La hija de Salvador Allende, Isabel, lamenta que los juicios a Pinochet no terminaran a tiempo (Actualizado a las 15:40 horas del lunes 11 de diciembre de 2006)

Prensa Latina.- Isabel Allende, hija del presidente que Augusto Pinochet despojó de su gobierno con la fuerza de las armas y a costa de miles de asesinatos, lamentó hoy que el ex dictador chileno muriera sin ser castigado.

No obstante, indicó que espera que la justicia siga haciendo su trabajo. "Hay muchos procesos abiertos que tendrán que continuar, que no se cierran y se tendrán que seguir investigando", agregó.

La diputada socialista se reunió hoy en Madrid con la prensa para hablar de la muerte del general fascista, ocurrida ayer en Santiago a los 91 años de edad.

Dijo que sólo lamenta que los juicios no hubieran llegado al final en las causas abiertas contra él, aunque admitió que nunca esperó ver al ex dictador en la cárcel, pero sí que al menos hubiera recibido una sentencia condenatoria por sus crímenes.

Opinó que cuando la justicia tarda en actuar, las heridas demoran mucho más en cicatrizar, y estimó que la mejor herencia que se puede dejar a las futuras generaciones es que nunca más haya un golpe de Estado, se rompa el orden constitucional, ni se violen los derechos humanos.

La hija de Salvador Allende mostró también su apoyo a la decisión del Gobierno chileno de negar los honores de Estado en los funerales por Pinochet.

Poco antes de la rueda de prensa, la diputada socialista se reunió con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien coincidió en la necesidad de devolver la dignidad y la memoria a quienes fueron injustamente enjuiciados.

En cuanto al encuentro con Zapatero reveló que habían comentado la identidad que existe y que existió en la época en que España tenía al general Francisco Franco y Chile a Pinochet, y la enorme solidaridad que siempre ha recibido el pueblo chileno del español, explicó.

Allende dijo que no cree que la muerte de Pinochet suponga ningún cambio importante para Chile. "Hace tiempo que Pinochet era irrelevante desde el punto de vista político, ya que la propia derecha lo ha dejado caer porque ya no era políticamente rentable".




A la muerte de un canalla

por Mario Benedetti