Tomando referentes en nuestro entorno geográfico, en cuyas legislaciones se contempla la figura de la cadena perpetua, se comprueba, efectivamente, el distinto trato dado a los presos en diferentes estados. Pero en sentido contrario al utilizado machaconamente por los intoxicadores mediáticos, apologistas de la violencia y de la venganza, y opositores a la resolución del conflicto político que viven Euskal Herria y el Estado español.

El Estado francés, después de numerosas reformas y endurecimientos de su Código Penal, ha establecido un periodo de seguridad de 20 años para las condenas a perpetuidad, revisable a partir de entonces y sin que se haya dado ningún caso que supere los 25. Alemania fija un periodo mínimo de 15 años de cárcel, cumpliendo estos condenados una media de 20 años y habiéndose dado tres casos de 25. En Italia el máximo de tiempo de cárcel a cumplir son 33 años, de los que se han de descontar reducciones de pena por diferentes motivos. En el Reino Unido el mínimo es de 12 años, siendo revisable la condena a partir de entonces, con una media de cumplimiento de hasta 20 años, existiendo en la actualidad diez casos en esta última situación. Los códigos penales del resto de los países europeos contemplan penas similares o inferiores a las citadas. En algunos casos, como en los países nórdicos u Holanda (donde también existe la figura de la cadena perpetua) el tiempo real de cumplimiento de penas es muy inferior al descrito.

En el Estado español, según el Código Penal de 1973, el tiempo máximo de cumplimiento era de 30 años, con derecho a reducción de penas por el trabajo, estudios, etc. Con la reforma del Código Penal de 1995 se estableció un tiempo efectivo de 30 años, sin derecho a reducción alguna. Y con la reforma de 2003 se elevó a 40 años el tiempo real de permanencia dentro de la celda. Digo bien dentro de la celda, porque la mayoría de los presos políticos vascos cumplimos estas condenas en el régimen penitenciario más duro, lo que tampoco sucede en ninguna parte de Europa, donde las condenas más largas suelen implicar regímenes de vida más llevaderos para evitar la total destrucción de las personas. Así pues, salta a la vista la benevolencia del Código Penal de la democracia.

En el Estado español no existe la cadena perpetua: efectivamente no existe. Lo que se aplica a los presos políticos vascos con el actual Código Penal es la pena de muerte. En algunos casos, una muerte más o menos rápida tras algunos años en prisión, siendo ya larga la lista de compañeras y compañeros muertos a causa de la más cruel desasistencia sanitaria durante los últimos treinta años. Pero en la mayoría de las ocasiones, es una pena de muerte diferida a cuarenta años vista en la situación penitenciaria de máxima dureza.

Décadas de dispersión carcelaria y de dispersión dentro de las propias prisiones. De aislamiento. Décadas en las que de forma ininterrumpida escuchan y graban nuestras conversaciones. Leen y fotocopian lo que se escribe. Observan lo que haces. Nos alejan de las familias y de los amigos. Te alimentan con un rancho asqueroso. Te impiden la asistencia sanitaria Vivimos permanentemente observados dentro de un Gran Hermano donde experimentan con nuestro dolor y fuerzan el afloramiento de las debilidades de cada cual para manipularlas y utilizarlas contra el prisionero. Juegan con los sentimientos. Chantajean a las familias. Se burlan de sus propias leyes y reglamentos. Y cuando todo es poco, «construyen imputaciones» mediante la ingeniería judicial de manera similar a la que la ingeniería financiera construye empresas interpuestas: ocultando la realidad y forzando las leyes.

Es muy sencillo comprender la benevolencia del Código Penal y el Reglamento Penitenciario que nos aplican. Y entre otras razones, debe de ser por esta benevolencia y por la demostración diaria de que vivimos en un Estado democrático y de derecho, que se ajusta a la igualdad ante la ley, por lo que, salvo alguna rara excepción, no he conocido a ningún preso político con «síndrome de Estocolmo».

La Historia avanza y han tenido que transcurrir 27 siglos para retornar desde la Atenas del Código Draconiano al Código Penal a aplicar a los vascos, en que cualquier acto es merecedor de una vida y muerte en prisión. Pero sólo contra los vascos abertzales. Ya sabemos que un joven que quema un coche en Donostia, pidiendo la libertad de un preso enfermo, es merecedor de una condena gravísima. Si el mismo joven quema el mismo vehículo en Cádiz, reivindicando un determinado horario de cierre de discotecas, es objeto de una sanción administrativa. Y no digamos si lo que pide es que los presos vascos nos «pudramos» en la cárcel: ¿qué castigo piensa el lector que contempla el Código Penal para este caso? Y no vaya alguien a interpretar este argumento ni como apología del fuego ni del endurecimiento de las penas para los gaditanos.

No me gusta seguir haciendo comparaciones. Me resulta repugnante el simple hecho de citar a los militantes vascos junto a los mercenarios de los GAL en el mismo párrafo. Pero no deja de ser llamativo que el Código Penal castigue hasta con ocho veces más de prisión efectiva a un abertzale por escribir dos artículos de opinión que a un ex guardia civil por secuestrar a dos jóvenes, torturarlos durante varias semanas o meses, tratarles las heridas para que resistieran los interrogatorios, obligarles a cavar su propia tumba, dispararles repetidas veces y, finalmente, enterrarlos en cal viva. «Uno pidió un cura y se lo negamos. No se lo merecía», declaró uno de los asesinos torturadores. Como tampoco se merecían los familiares el derecho de recuperar los cadáveres.

Pero ya se sabe, a los ex guardias civiles les enferma la prisión. A los ex guardias civiles, a los ex gobernadores civiles, a los ex políticos o políticos o lo que sean, a los ex directores de la seguridad del Estado. A estos últimos les perjudica tanto la cárcel, que enferman por las consecuencias de una huelga de hambre antes de haberla iniciado: del susto ante la posibilidad de realizarla.

Hace tiempo tuve una obligada, aunque mínima relación con una persona que me decía que por razas, colores, culturas se sentía el dolor de forma diferente. Así un pigmeo, por ejemplo, no sentiría el mismo dolor que un inglés, ni un pobre que un rico, porque los primeros ya estarían acostumbrados a una vida de miseria. ¡Qué barbaridad de argumento! Planteado así ¿verdad?. Y sin embargo, todos los días se justifica este razonamiento para los presos vascos. Ya se sabe que los torturadores son muchísimo más sensibles que los torturados. ¿O no es eso? ¿O resulta que el dolor es igual para todos y lo que propugnan es el regodeo en el sufrimiento y en la venganza?

Es innegable que hay diferentes sensibilidades, algunas de una extrema delicadeza. Lo he visto. Por ejemplo, a un ex cargo político en la prisión de Alcalá Meco en la fila del reparto de la medicación para recoger los «potitos» (antidepresivos y somníferos disueltos en agua y que se han de tomar delante de la «pastillera» para evitar la reventa) y poder aguantar unas semanas o meses, a lo sumo, en la cárcel. Le he visto deambular por el patio bajo el efecto de esas drogas tirando obsesivamente a una canasta de baloncesto sin conseguir meter el balón.
Si es que la cárcel es muy dura Y resitúa a las personas desde la retórica del poder político hasta la lengua de trapo de la babosa taleguera.

Quienes no tienen ninguna sensibilidad, como el caso de los pigmeos, son mis compañeros que están muriendo de cáncer en una celda y se les deniega la excarcelación. Tampoco tiene ninguna sensibilidad otro compañero que se está quedando paralítico y que lleva 25 años en prisión. Y el que menos sensibilidad tiene de todos es el preso político más antiguo de Europa, porque ya está acostumbrado, y tras 26 años de prisión continúa en una celda de aislamiento de la prisión de Jaén.

¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un Código Penal para los vascos malos. Una legislación especial, la disfracen como la disfracen, contra el disidente vasco que, de facto, reconoce y legitima el conflicto político. Es lo que hay. Cualquiera lo sabe, incluso quienes justifican desde la hipocresía esta política penal y penitenciaria. Pero, particularmente, más allá de la crueldad del aislamiento, de la vida y muerte en prisión, lo que se hace insoportable es escuchar tanta estupidez demagógica.