La privatización de la sanidad pública nos ha llegado; un artículo de Ángeles Maestro, médica, ex diputada portavoz de sanidad en el Congreso, en la actualidad miembro de Corriente Roja
InSurGente.- (...) "Cabe concluir que se están introduciendo cambios decisivos en la sanidad madrileña, sin que se esté dando información oficial, ni a la ciudadanía, ni al personal de los centros sanitarios, acerca de las ventajas de uno u otro modelo. Está en juego uno de los servicios sociales públicos fundamentales, como la sanidad, que hasta ahora garantizaba que, todas las personas – precisamente cuando los necesitamos más porque somos mayores y/o tenemos enfermedades que demandan más recursos – pudiéramos ser debidamente atendidos. Es hora de informarnos, debatir y actuar en consecuencia para defender algo que constituye una conquista social indispensable".
A principios de febrero de este año el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) empezó a poner en práctica el Convenio Singular firmado el 28 de diciembre de 2006 entre este organismo y la Fundación Jimenez Díaz – Unión Temporal de Empresas (UTE). Mediante este acuerdo, mantenido en secreto hasta hace tres meses, la asistencia hospitalaria de 400.000 personas de Madrid, se ha cedido a la citada UTE, tras la que se encuentra la empresa multinacional Capio, propiedad a su vez de la multinacional de capital riesgo Apex Partners. Así mismo se cedía a dicha empresa la atención especializada de los Centros de Especialidades de Quintana y Pontones1
Cabe destacar que la cesión de los edificios e instalaciones de estos Centros de Especialidades por parte del SERMAS se ha realizado sin que medie acuerdo alguno con la Tesorería General de la Seguridad Social propietaria de los mismos. Este hecho ha sido denunciado ante este organismo por el Sindicato Asambleario de Sanidad y por el sindicato Co.Bas, quienes han instado a intervenir a este organismo en defensa de su patrimonio2. Se da la circunstancia de que Capio está realizando obras de acondicionamiento sin licencia municipal en el Centro de Especialidades de Pontones, hecho que ha sido denunciado al Ayuntamiento de Madrid por los sanitarios de dicho Centro.
Estos hechos se enmarcan en un acelerado proceso de privatización de la sanidad pública madrileña caracterizado por:
La Concesión Administrativa de la construcción y la gestión por 30 años de los 8 nuevos hospitales recientemente inaugurados a empresas privadas la mayor parte de ellas constructoras, que huyen así de la crisis del sector. Estas empresas son: Dragados, Sacyr (dos de ellos), Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica y Apax Partners.
En estos nuevos hospitales, y en los nuevos que se proyectan, el personal sanitario procede en su totalidad de los hospitales públicos, que ya estaban en una situación crónica de falta de medios, con camas en los pasillos, urgencias abarrotadas, importantes listas de espera, etc, bien conocida. Todos los servicios de laboratorio, pruebas radio-diagnósticas, informática (todos los datos clínicos de los pacientes los gestiona Siemens), lavandería,alimentación, etc son subcontratados con empresas privadas.
La puesta en marcha de Planes Directores en los grandes hospitales públicos.
Ramón y Cajal, La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Hospital Cínico, etc.
que suponen una reducción de un promedio 500 camas en cada uno de ellos.
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2008 de la Comunidad de Madrid otorga personalidad jurídica a todos los grandes hospitales, requisito para la gestión por parte de empresas privadas de todos ellos.
El anuncio realizado por el Consejero de Sanidad de que se ampliará al conjunto de los centros de atención primaria y especializada el modelo de gestión privada.
Ante todo ello, cabe hacerse las siguientes preguntas:
¿Está garantizada la calidad de la atención sanitaria?
En primer lugar hay que tener en cuenta la gran sobrecarga de la sanidad pública que ha visto incrementarse en un millón y medio de usuarios desde el año 2000 a 2007, sin aumento de recursos. La apertura de nuevos hospitales no supondrá aumento, sino disminución, de camas y no se producirá aumento del personal sanitario, que sale en su totalidad de los antiguos hospitales.
En segundo lugar, la gestión privada, es decir la búsqueda prioritaria del beneficio – consustancial al modelo empresarial – implica ahorro en recursos humanos y materiales y , sobre todo, selección de riesgos. Este último principio se asienta sobre un hecho determinante para la asistencia sanitaria que practican implacablemente las aseguradoras privadas: el 10% de la población – personas mayores y enfermos crónicos – consume el 90% de los recursos. El negocio consiste en evitarlos a toda costa.
El pago por cartilla sanitaria es la forma de financiación pública a las empresas
que gestionan la sanidad pública. La obtención de rentabilidad está determinada por la reducción del gasto que se obtiene:
- reduciendo personal, disminuyendo el número de especialistas y precarizando
los contratos.
- incentivando económicamente a los médicos, quienes mediante sus
indicaciones, determinan el gasto para: dar altas precoces, reducir la indicación
la cantidad y, sobre todo, las pruebas más costosas, decidir el ingreso de
pacientes o la derivación de los que exigen mayores gastos a otros centros (públicos) etc.
En tercer lugar, y quizás, el asunto que en mayor medida determina la aberración subyacente a la gestión mediante empresas privadas de servicios públicos es el siguiente: la sustitución del Derecho Público por el Derecho Privado en la administración de fondos públicos. El Derecho Público establece mecanismos de control e intervención del gasto dirigidos a impedir la actuación arbitraria o perversa de las administraciones en la gestión del patrimonio y los fondos públicos. El Derecho Privado, que regula el funcionamiento del negocio empresarial, obviamente, no los contempla. El propio interés empresarial, dirigido a la obtención de beneficios, con recursos propios, procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar gastos superfluos.
Ambos mecanismos desaparecen en la gestión privada de servicios públicos. El ejemplo, en materia sanitaria, del Hospital de Alzira y de las Fundaciones gallegas, que tuvieron que ser rescatados de la bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas, son una buena muestra.
De los indicadores de calidad asistencial básicos, como son: la mortalidad comparada, el índice de infecciones hospitalarias, las remisiones a otros hospitales, los indicadores de personal/cama, etc, y que servirían para comparar la calidad de la atención pública y privada, nada puede decirse porque no se publican.
La siguiente pregunta es: ¿Son legales todos estos cambios?
Este proceso de privatización de la sanidad viene de lejos y se ha llevado a cabo tanto durante los gobiernos del PSOE como del PP. La clave de bóveda de todo él es Ley de Nuevas Formas de Gestión, Ley 15/97 que permite la gestión privada de cualquier centro sanitario3, votada por PP, PSOE, PNV. CiU y CC. Miles de personas están firmando para pedir su derogación4.
Cabe concluir que se están introduciendo cambios decisivos en la sanidad madrileña, sin que se esté dando información oficial, ni a la ciudadanía, ni al personal de los centros sanitarios, acerca de las ventajas de uno u otro modelo.
Está en juego uno de los servicios sociales públicos fundamentales, como la sanidad, que hasta ahora garantizaba que, todas las personas – precisamente cuando los necesitamos más porque somos mayores y/o tenemos enfermedades que demandan más recursos – pudiéramos ser debidamente atendidos.
Es hora de informarnos, debatir y actuar en consecuencia para defender algo que constituye una conquista social indispensable.
