Represión social y represión política un recorrido de ida y vuelta o la dialéctica del garrote.
Parece incuestionable que lo que este orden de cosas y este sistema al servicio del enriquecimiento de unos cuantos ha buscado y ha conseguido es eliminar el asunto de la represión de cualquier agenda o cualquier comentario, velar su existencia hasta conseguir hacerla pasar por inexistente. ¿Represión, qué represión? nos diría cualquier ciudadano de a pie. En nuestra “opulenta y democrática sociedad actual” la libertad de expresión es incuestionable para una mayoría.
Y a esta tarea han contribuido eficazmente los medios de desinformación masivos. La burda censura de antaño está actualmente maquillada por la manipulación para conseguir los mismos fines. Ahora mediante los silenciamientos, el embargo informativo, la frivolización, el desvío de la atención a asuntos menores, la marginación de intelectuales díscolos, el “recorte de la realidad” ofrecida como verdad única e incluso las mentiras, el panorama de desinformación de la misma víctima –el ciudadano de a pie- no ha mejorado.
Actualmente los poderosísimos y eficaces medios de propaganda son un instrumento imprescindible para ocultar la violencia y los crímenes del Estado y para falsear la realidad hasta tal punto de hacer aparecer a las víctimas como los verdugos.
De esta forma, uno o una puede ser un belicoso aficionado al fútbol, miembro de cualquier grupo ultrafascista y exhibir en los campos banderas anticonstitucionales prohibidas por la ley sin que pase nada. Pero si lo que se tiene por enseña es una imagen del Ché o se ondea la bandera andaluza con estrella roja o se luce la ikurriña o se exhibe una pancarta en la que se denuncia la represión –¿represión, qué represión?- se estará expuesto (como de hecho ha sucedido) a registros, identificaciones, acoso policial, multas...
Una o uno puede ser un joven más o menos moderno, alienado por el consumo y la publicidad, seducido por el ocio vertiginoso del botellón y no pasa nada. Si esos mismos jóvenes se organizan y buscan diversiones alternativas, creativas y no consumistas y plantean opciones radicales en las que hacer uso de la condición de ser ciudadano y crítico, la leña está asegurada.
Se reprime lo que se mueve cuando quienes se mueven son organizaciones y colectivos sociales que desde su ámbito de actuación cuestionan el actual estado de las cosas.
Y en esa misma dinámica, en ese recorrido de ida y vuelta, de ida sólo, sólo el camino de torcer el derecho para ocultar la verdad, el Estado afila sus garras, perfecciona sus mecanismos de represión cuando lo que se plantean son proyectos políticos de cambio, que plantean otro mundo posible. Nada mejor visualiza esta brutal represión que lo que lleva mucho tiempo sucediendo en el País Vasco.
El pueblo vasco durante la mal llamada transición democrática española, porque se transitó poco, sobre todo si por democracia se entiende la intervención del pueblo en el gobierno, si se entiende que en democracia la soberanía reside y se ejerce desde el pueblo de una manera directa o indirecta, pues bien, el pueblo vasco no votó la Cosntitución española, el pueblo vasco, sus organizaciones políticas, entre las que estaba la izquierda abertzale, tenía una propuesta nítida a la salida del franquismo, una propuesta de ruptura democrática en torno al derecho de autodeterminación.
El pueblo vasco en el 86 tampoco avaló con sus votos la deriva del estado español gobernado por el PSOE hacia posiciones militaristas, imperialistas y antidemocráticas.
Las cosas estaban y sigen estando claras. Hay un conflicto político (es evidente que dicho conflicto no empieza ahí sino que viene muy de atrás, pero nos sirve para explicarlo).
La confrontación del pueblo vasco con el estado español, las distintas estrategias utilizadas, la información , la contrainformación, la negociación; todas entendidas como formas de lucha, han mantenido una acumulación de fuerzas, un proceso de resistencia intolerable para el establishment.
En la misma línea del principio, cuando el poder establecido, el hegemónico, el del consenso del sentido común (el de ellos, claro), no puede doblegar ni mantener aislada a la resistencia política, la reprime. Y como la democracia y el esado de derecho no son cuestiones fundamentales para este poder hegemónico sino meros instrumentos al servicio de sus intereses de clase (dominante y hegemónica) la represión rompe todas las barreras de la legalidad, de la convivencia y de la moralidad.
Si es necesaria la guerra sucia y el terror, es necesaria. Los GAL y otros batallones dan buena prueba de ello.
Si es necesaria la represión policial, es necesaria. Los controles constantes y exhaustivos, las horas “mirando al monte”, la amenaza constante.
Si es necesario dinamitar el estado de derecho (su estado de derecho), dinamitar la Constitución (su Constitución), es necesario. El primer “macrosumario” que sale de la Audiencia Nacional de manos del ínclito Garzón es el 18/98. De un plumazo caen tres medios de comunicación -Egin, Ardi Beltza y Euskaldunon Egunkaria- algunas empresas editoras de los medios clausurados, y diversas organizaciones políticas como Jarrai, Haika, Segi (todas organizaciones juveniles). También las Gestoras Pro Amnistía, Udalbitza (alcaldes electos), la red de escuelas de alfabetización y esukera para adultos (AEK y Galgakara) y la Fundación Josemi Zumalabe, una organización pacifista, antimilitarista y de defensa de la no-violencia.
La acusación genérica fue: todo el que coincide en los fines con ETA petenece a ETA. Sintetizando, todo el que reivindica la soberanía vasca se da por hecho que pertenece a la organización armada. Sintetizando aún más, toda organización a la izquierda de lo establecido, es ETA.
Hasta entonces y según sentencia del Tribunal Consitutcional 199/87, para se decalardo miembro o colaborador de ETA era necesario tener relación directa con la organización armada.
Desde el macrosumario del Juez Garzón, cualquier acción política o social que sirva de “ayuda a los fines “ de ETA (empezando por la independencia) puede ser considerada delito de terrorismo.
El caso citado de la Fundación Zumalabe es quizás ilustrativo y ejemplar, nueve de sus miembros, algunos de ellos libertarios de toda la vida y sobre todo situados en las antípodas del mundo abertzale, fueron detenidos y acusados de colaboración con banda armada. El argumento central esgrimido por la Fiscalía fue que su defensa de la “desobediencia civil” también aparecía en los boletines internos de ETA. La represión convierte en terrorista a alguien que ni siquiera sospecha que lo es.
El proceso de instrucción del sumario se ha prolongado ocho años. Casi todos lo que fueron encarcelados como medida preventiva han accedido a la libertad provisional (previo pago de fianzas costosas). Más de cincuenta personas se han pasado años a la espera de ser sometidos a juicio.
El sufrimiento padecido por la militancia vasca y por sus familias ha sido programado con dedicación. El objetivo directo de esta feroz represión selectiva es el descabezar las organizaciones, el objetivo indirecto, pero no menos peligroso, es el de provocar la autorepresión, cuando no el miedo. En momentos tan duros, cuando tu proyecto de vida se puede venir al traste por una persecución demencial, la autorepresión puede ser una válvula de seguridad legítima, pero no por ello menos desmoralizante, menos frustrante.
Como los macrosumarios no acababan de dar resultados, como las urnas seguían mostrando un sector notable de la población euskalduna en proceso de resistencia política, electoral y social, la represión tiene que afilar sus instrumentos (más si cabe).
En junio de 2002 se aprueba la Ley de Partidos. En agosto, por un lado el Congreso de la nación y por otro la Fiscalía General del Estao, instan al Tribunal Supremo a la ilegalización de Batasuna.
El juez Garzón desde la Audiencia Nacional decreta la suspensión de actividades de Batasuna, el cierre de sus sedes y páginas webs y les prohíbe la celebración de actos políticos.
El verano siguiente (2003), en el ámbito de la doctrina Bush y también en el capítulo de los agradecimientos al criminal de guerra Aznar por su incondicional apoyo en la brutal e ilegal ocupación militar de Irak, Batasuna pasó a formar parte de la lista de organizacines terrorirstas.
Dentro del furor represivo y de la desaforada persecución de la izquierda abertzale, la Ley de Partidos tira por la borda los derechos fundamentales que se eneñan y se estudian en las facultades de derecho. Y casi nadie dice nada.
No basta con reprimir a todo lo que se mueve cerca (y no tan cerca) de la izquierda abertzale, ahora se les niega el derecho constitucional de sufragio pasivo (de presentarme como ciudadano) y de sufragio activo.
Las gentes de la izquierda abertzale (mas de 200.000) ni pueden presentarse a ningún proceso electoral, ni pueden ejercer su derecho de votar a quien quiera. O votan a otras personas o se abstienen.
La desaparición física de 200.000 personas tiene nombre (genocidio), la desaparición electoral de ese mismo número de personas también debería tenerlo.
Está clarísimo que la Ley de Partidos es anticonstitucional, que vulnera el artículo 22 que reconoce el derecho fundamental de asociación y que no contempla más que la vía penal para poner fuera de la ley a un partido político.
Pero no es sólo eso, la Ley de Partidos se extiende más allá de limitar el derecho de asociación y llega a negar “el derecho de participación” reconocido en el artículo 23 de la Constitución española (y en todas las del mundo mundial). En cualquier Estado que se llame democrático es “consitutivamente imposible que se pueda privar a nadie del ejercicio del derecho al sufragio sin condena judicial firme que lleve aparejada la pérdida de tal derecho por el tiempo que indique su condena” (Pérez Rollo).
En las últimas elecciones municipales vascas, mas de 80.000 ciudadanos y ciudadanas han ido al notario, carnet de identidad en mano, para ejerecer sus legítimos derechos civiles y constituir “agrupaciones electorales”. Han reclamado su derecho al sufragio.
Rizando el rizo de la represión política, de la ilegalización ilegal de un partido se ha pasado, en tremendo salto mortal sin red, a la ilegalización ilegal de las personas con sus derechos incluidos.
Dicen los que saben que esto, jurídicamente, es una aberración. Que feo nombre.
Ya no te reprimen por lo que haces, te reprimen por lo que eres, por lo que piensas, y eso está justo al ladito del autoritarismo fascista.
Y casi nadie dice nada.
Pero resulta que sí. Se presentan las elecciones europeas de junio de 2009 y aparece una Iniciativa, Una iniciativa que es internacionalista y que es solidaria con las gentes y con los pueblos.
Una iniciativa que es la expresión de un proceso de confluencia de fuerzas políticas y sociales, así como de personas a título individual de diversos ámbitos territoriales y sectoriales que analizando esta situación de emergencia (política y social) por la que están pasando nuestros respectivos pueblos y clases trabajadoras (paro, cierre de empresas, despilfarro de dinero público, corrupción generalizada, involución de derechos políticos, civiles y sociales…) plantea como imprescindible aunar esfuerzos para construir entre todos y todas una salida a la crisis basada en criterios de democracia, autodeterminación y justicia social.
Ante esta respuesta ciudadana, los servicios jurídicos del estado (léase la ,Abogacía del Estado y la Fiscalía General con el Ministerio de Justicia a la cabeza) presentan una demanda para su ilegalización. Tanta iniciativa debe ser sospechosa de algo.
Lo que entienden esos servicios jurídicos estatales, teóricamente independientes de partidos y gobiernos de turno, es que “existen bastantes pruebas que acreditan que esta candidatura”, que esta respuesta ciudadana, que esta iniciativa, es una “sucesión fraudulenta del entorno de ETA-Batasuna” (doctrina Bush-Aznar-Garzón-Zapatero).
Aquí, en Cádiz, el grupo promotor de la Iniciativa, las personas que fueron en las listas de la candidatura y Cádiz Rebelde en pleno, de la noche a la mañana somos una “sucesión fraudulenta del entorno de ETA-Batasuna”.
La lista de Iniciativa Ingternacionalista, la Solidadridad entre los pueblos, no incluía a ninguna persona que apoyara la lucha armada, ni siquiera incluía ningún ciudadano o ciudadana vasca.
Tienen que ceder y aceptarla, pero ya ha funcionado todo el poder hegemónico, todo le establishment (prensa, televisión, intelectuales, tertulianos, “nosotros los demócratas etc. )
La utilización de una represión a la vez tan dura y tan invisible por parte del grupo dominante actual tiene muchas razones, es muy poliédrica, pero en la cúspide está el miedo.
En el fondo nos tienen miedo.
Hace unos años (meses incluso) quizás este acto no se podría haber realizado. Como dicen las brigadas amarilas “Resistir es vencer”,
La resistencia es el primer acto revolucionario.
Lo más difícil sigue siendo la organización. En ello andamos.
Sin olvidar a Bertolt Brehct.
(Intervención realizada en el acto “Represión y Política” organizado por Brigadas Amarillas el 23 de abril de 2010)
