La defensa del ex ministro José Blanco, imputado por el Tribunal Supremo en el caso Campeón, ha solicitado la anulación de la providencia por la que el magistrado José Ramón Soriano dio el visto bueno a la investigación policial de las cuentas del mandatario “socialista” y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación con un desfase en el proceso de compra de su chalet en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Fuentes jurídicas han señalado que la citada providencia, de fecha del pasado 22 de febrero, es nula porque, entre otros motivos, supone la invasión de la privacidad de una persona, la esposa del exministro de Fomento, que no está imputada en esta causa, en la que se investiga una trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.
En su escrito, la defensa recuerda que en una resolución anterior, confirmada este mismo miércolespor Soriano, se adelantaba la intención del magistrado de concluir la instrucción de la causa.
Añade que el hecho de no poder proponer diligencias de descargo frente al último informe encargado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) le genera indefensión.
Tacha igualmente la labor de la UDEF de "prospectiva" por alejarse del origen de la investigación, que no era otro que el supuesto pago de 200.000 euros a Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones que se ha probado falso a lo largo de la instrucción.
En el escrito de la defensa, que ejerce el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, se aportan facturas de las obras de la reforma en su casa y la motivación de dichas obras, según las mismas fuentes.
Este martes el juez Soriano rechazó el recurso de la Fiscalía contra su intención de ir concluyendo la instrucción de este asunto y señaló que el material acopiado hasta este momento en la fase investigadora es "ciertamente amplio".
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El exministro de Fomento, José Blanco, ha entregado al juez que instruye el caso Campeón, José Ramón Soriano, una serie de facturas con las que intenta demostrar que 100.000 de los casi 170.000 euros que costaron las reformas de la vivienda fueron pagados por el PSOE con cargo a la partida del Ministerio del Interior, entonces regido por Alfredo Pérez Rubalcaba, por motivos de "seguridad".
En el documento entregado al magistrado se puede leer que las obras estaban relacionadas con la seguridad y las abonó el PSOE con cargo a la partida de Interior para sufragar gastos de seguridad de los dirigentes de todas las formaciones políticas.
En relación con la adquisición de este inmueble -en diciembre de 2006-, uno de los informes de la UDEF, entregado el 24 de septiembre del pasado año, sostenía que el pago de la vivienda se realizó mediante la entrega de tres cheques: uno, por valor de 224.528 euros, para la cancelación de la hipoteca, el segundo, de 1.039 euros, para hacer frente a los gastos de cancelación de la hipoteca, y el tercero, de 444.431,99 euros, para hacer frente a la cancelación de la misma. El precio declarado de la adquisición del chalet fue de 670.000 euros.
Desfase de 230.000 euros
Sin embargo, la UDEF sostenía que el precio por el que se vendía era de 900.000 euros, por lo que "el precio declarado" es inferior al real, "existiendo un desfase de, al menos, 230.000 euros".
Por otro lado, la defensa de José Blanco, ejercida por el abogado Gonzálo Martínez Fresneda, ha recurrido la decisión del instructor de la causa de pedir a la UDEF el informe sobre relación con un desfase en el proceso de compra de la mencionada vivienda.
RTVE/Agencias.-
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